A finales de mayo de 2015 las inversiones de Porvenir S.A. en los negocios del Grupo AVAL de Luis Carlos Sarmiento Angulo, su inversionista controlante, tuvieron un pico con $1.9 billones. Hasta ese momento, regía una prohibición plena para evitar que las AFP invirtieran en negocios de sus propios grupos económicos, pero la prohibición desapareció parcialmente desde el 22 de junio de 2015, gracias a un decreto de Juan Manuel Santos y su ministro Mauricio Cárdenas. También encontramos que Protección S.A., que hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, tenía inversiones en empresas de su mismo conglomerado económico por $6.9 billones, en mayo de 2015, aunque en ese momento todavía no era considerado un conglomerado.
A través de derechos de petición y un recurso de insistencia a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Cuestión Pública obtuvo los datos de 2.651.561 transacciones financieras de las AFP realizadas entre 2005 y 2021 en la Bolsa de Valores de Colombia.
Creamos una herramienta ciudadana para que 17.266.418 colombianos puedan conocer cómo se administra el dinero que les han descontado de sus pagos laborales y examinar los datos de 15 años de portafolio de inversión de los fondos privados de pensiones.
Cuando en 1993, el Congreso abrió la puerta para que las empresas particulares pudieran administrar los fondos de pensiones de los colombianos, que hasta entonces eran monopolio del Gobierno, le encargó a este último escribir el reglamento que le prohibiera a las nuevas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) financiar sus negocios con la plata de los cotizantes y, en consecuencia, les prohibió invertir en los negocios de sus mismos grupos económicos, en su primer reglamento.
Teóricos como Luis Carlos Reyes, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, consideran que así chocan dos intereses: el del administrador del fondo que busca los mayores rendimientos para los ahorros pensionales de sus afiliados y el de los directivos de los demás negocios del dueño de la AFP, que buscan la financiación más barata para sus compañías y tienen fuertes incentivos financieros para hacerlo, así estén en contra de los intereses de los cotizantes.
El analista José Roberto Acosta, en una columna de opinión en El Espectador, no vacila en considerarlos autopréstamos, la maniobra financiera que llevó a Colombia a dos recesiones económicas en la década de los ochenta, pero se convirtió en un factor de acumulación de capital para algunos, dejando al país en el camino a convertirse en el segundo con peor repartición de la riqueza con asiento en la OCDE. Los autopréstamos, prohibidos desde 1982, eran créditos otorgados por las entidades financieras a personas (naturales o jurídicas) con las que tenían relación, como otras entidades que pertenecían a los mismos dueños de los bancos.
Estas inversiones tienen lugar porque las AFP hacen transacciones bursátiles con el dinero de los fondos de pensiones, es decir, compran y venden acciones, bonos, títulos y otros productos del mercado de valores, según su contrato, en busca de la mejor rentabilidad para los ahorros pensionales de los colombianos. En otras palabras, mueven el mercado financiero.
Al 31 de diciembre de 2020 los fondos de pensiones que manejan las AFP alcanzaron un valor de 316.9 billones de pesos, lo que equivale al 32% del PIB de Colombia. De este dinero, el 59% (es decir, $186.3 billones) es la inversión realizada en empresas que operan en Colombia.
A finales de 2020, los bancos del Grupo AVAL (Bogotá, Occidente, AV Villas y Popular) y del GEA (Bancolombia) alcanzaron $13.7 billones en inversión de las AFP. Si a eso le sumamos las inversiones en las demás empresas de cada conglomerado, $23 billones de los ahorros de los colombianos estaban invertidos en el portafolio de empresas del GEA y $6 billones en las empresas que pertenecen al Grupo AVAL.
Sarmiento y la fruta prohibida
Al principio solo estaba el Seguro Social, lo público. La Ley 100 de 1993, de Seguridad Social, abrió las puertas del paraíso de nuestras pensiones a las entidades financieras, pero en su primer reglamento, el Decreto 656 de 1994 les impuso una prohibición tajante: “abstenerse en general de realizar cualquier tipo de operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre ellas o sus accionistas o vinculados y el fondo que administran”.
Los legisladores eran conscientes de la tentación que significaba para un constructor, por ejemplo, tener en un cajón las necesidades de sus proyectos propios y en el cajón siguiente la plata de las pensiones de los colombianos y así, en el nuevo reglamento, que firmaron en 2010 Álvaro Uribe y su ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, ratificaron “la prohibición de realizar inversiones en activos, participaciones y títulos cuyo emisor, aceptante, garante o propietario sea la AFP, las filiales o subsidiarias de la misma, su matriz o las filiales o subsidiarias de esta“.
Cinco años después, el 11 de mayo de 2015, en el Palace Hotel de Nueva York, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo AVAL e hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia y 200 en la lista de billonarios de la revista Forbes, asistió al evento Colombia Insideout, promovido por el Gobierno Santos para atraer inversión extranjera al país.
El huésped de honor era un inversionista nacional, Sarmiento Gutiérrez, y el plato: la fruta prohibida. Su grupo económico, que comprende bancos, corporaciones financieras, una administradora de fondos de pensión (AFP), fiduciarias, comisionistas, entre otras, quería reafirmar su interés de participar en la nueva generación de concesiones viales y proyectos de infraestructura del país, conocidas como vías 4G, que en ese momento estaban próximas a su cierre financiero.
El Grupo AVAL, negocio central de Luis Carlos Sarmiento, quería poner la plata administrada por su fondo de pensiones en sus proyectos de inversión. Según Revista Semana, el Grupo AVAL estaba interesado en tres cosas: uno, que sus bancos otorgaran créditos por aproximadamente $12 billones para la financiación de los proyectos de infraestructura en las concesiones 4G, eso podía hacerlo. Dos, poder participar en algunos de los proyectos de infraestructura a través de Corficolombiana, la filial inversionista del Grupo AVAL, cosa que también podía hacer. Y tres, que su AFP, Porvenir S.A., prestara recursos a sus empresas como Corficolombiana en bonos de largo plazo emitidos por las concesionarias, lo cual aún estaba prohibido. Así lo admitió Sarmiento Gutiérrez: “Porvenir queda descalificado porque se corre el riesgo de que sus recursos sean prestados a Corficolombiana, lo cual no es permitido por tratarse de empresas del mismo grupo”, como reseñó Portafolio.
En los salones del Palace Hotel en Nueva York, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, estaba sentado a la derecha de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Las fotografías también muestran al entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en el recinto.
Acto seguido, Vargas Lleras se ofreció a levantar la prohibición a la manzana. Dijo que el Gobierno estaba dispuesto a hacer los ajustes necesarios en los decretos reglamentarios para eliminar dicha restricción, según Portafolio. Un mes después, el 22 de junio de 2015, se modificó la norma con el Decreto 1385, de Juan Manuel Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
En los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE se refiere la posibilidad de que los principales accionistas de los fondos de pensiones, que hacen parte de conglomerados económicos, decidan invertir en sus propias subsidiarias o filiales (partes vinculadas). Aunque esto podría dar lugar a actos abusivos por parte de los accionistas mayoritarios, en la medida en que favorezcan sus propios intereses en detrimento de los demás accionistas o afiliados, según la OCDE.
De acuerdo con el analista José Roberto Acosta, en otra de sus columnas de El Espectador, el Decreto 1385 de 2015 también iba en contravía de normas internacionales como la Regla Volcker y la ley Dodd-Frank, creadas después de la crisis financiera de 2008 con el objeto de regular las inversiones especulativas de alto riesgo, en Wall Street, que realizan las entidades bancarias con recursos de terceros.
Luis Felipe Jiménez, delegado para Pensiones de la Superintendencia Financiera, en entrevista con Cuestión Pública afirmó que “los potenciales conflictos de interés siempre existen. El tema es que se revelen y administren de forma adecuada”. En el caso de las inversiones de las AFP en empresas de sus propios conglomerados, Jiménez comentó que lo importante es que “las AFP no hagan operaciones por fuera del mercado. Es decir, que no se vayan a comprarle un bono a una empresa de su conglomerado a un precio más alto que lo que pagaría en el mercado o que no vaya a invertir más en estas empresas que lo que es adecuado por riesgo.”
Un doctor en economía le afirmó a Cuestión Pública que la norma dejó en desventaja a los grupos empresariales que no captan dinero a través de los fondos privados de pensiones, ya que no tendrían los mismos recursos para sus proyectos de inversión e infraestructura.
El árbol de las 4G
Mientras en Nueva York se negociaban las inversiones, ese 11 de mayo de 2015, en Colombia, el Grupo AVAL (a través de su filial Episol) y Odebrecht adelantaban la construcción de la Ruta del Sol II, vía que conecta a Bogotá con la Costa Caribe colombiana.
El municipio de Ocaña, en la frontera con Venezuela, está a 47 kilómetros de un costado de la Ruta del Sol II. A 20 kilómetros del otro costado, sobre el río Magdalena, está Gamarra, donde se planeó un puerto fluvial. El consorcio constructor de la Ruta del Sol II se encargó de convencer al Gobierno de que la vía entre Ocaña y Gamarra era una continuación de la vía de Bogotá a la Costa, de manera que su construcción no saldría a licitación pública, sino que se adicionaría a la Ruta del Sol II.
Años después, la Fiscalía comunicó que para lograr la adición al contrato, el exsenador Otto Bula, por encargo de Odebrecht, involucró a funcionarios y a congresistas a quienes está investigando la Corte Suprema de Justicia, mientras la Fiscalía investiga a los no aforados, según lo informó en un comunicado oficial el 25 de julio de 2017.
En 2017 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pidió declarar nulo el contrato de la Ruta del Sol II y en 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) evidenció las prácticas contra la competencia de su mecanismo de corrupción en la obtención de la adición Ocaña-Gamarra.
El 13 de septiembre de 2018, la SIC le imputó a Sarmiento Gutiérrez un cargo “por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado el comportamiento restrictivo de la libre competencia económica” como lo contó Cuestión Pública ese año. La SIC archivó la investigación en favor de Sarmiento el 28 de diciembre de 2020.
Por su parte, a febrero 2021, según la Superintendencia Financiera, Protección S.A., la AFP del Grupo Empresarial Antioqueño, tenía invertidos $73.774 millones a través del Fondo de Capital Privado Ruta del Sol en el Tramo 3 de la Ruta del Sol, que conecta los municipios de San Roque, Cesar, con Ciénaga, Magdalena, en el norte del país. El Tramo 3 de la Ruta del Sol se adjudicó a Yuma Concesionaria, en la que participaba el Fondo de Capital Privado Ruta del Sol administrado por Alianza Fiduciaria. Las obras en este sector fueron suspendidas en 2017 por incumplimientos del concesionario y reactivadas en 2020.
Al 30 de junio de 2017, mes en que el proyecto fue suspendido, Protección S.A. tenía invertidos $24.129 millones en el Fondo de Capital Privado Ruta del Sol. Siete meses después, en enero 2018, la participación de Protección S.A. en el fondo valía tan solo $62 pesos y se registraban inversiones vencidas y no cobradas.
El cielo de los repos
Protección S.A., del GEA, también invirtió en Interbolsa, la firma comisionista que protagonizó el mayor descalabro del mercado bursátil de este siglo en Colombia. Interbolsa participó en una compra masiva de acciones de la textilera Fabricato, para venta y recompra en los días posteriores (repos), con el propósito de crear una valorización artificial de la empresa y atraer inversionistas.
Fabricato hacía parte del Grupo Empresarial Antioqueño y en 2009, cuando Interbolsa empezó a adquirir las acciones de Fabricato, el GEA todavía era accionista de esta última a través del Grupo Argos y de Suramericana. Según relata Gloria Castaño en su libro Interbolsa: La historia de una élite que se creía demasiado grande para caer, miembros del GEA se reunieron con los nuevos inversionistas de Interbolsa, para pedir explicaciones sobre los movimientos de compra y venta de acciones. Al no ver aclaradas ciertas dudas, el GEA decidió salir de su participación y a diciembre de 2010 ya no eran accionistas.
En agosto de 2011, cuando Argos y Sura (del GEA) ya habían retirado su participación en Fabricato, Protección S.A. invirtió $548 millones de los ahorros de las pensiones de sus afiliados en esta última. Al año siguiente, tras un desplome en el precio de la acción de Fabricato, Interbolsa se tuvo que declarar ilíquida y posteriormente fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades en enero de 2013 y liquidada en abril de 2016. Las víctimas del hecho reclamaron $254 mil millones.
“En mi opinión, esto es un abuso de poder”, dijo a Cuestión Pública María del Rosario Vázquez, quien se declara como víctima de las AFP y es miembro del Comité Nacional de la Campaña Con las Pensiones No y Salario Digno. “Es un abuso porque ese dinero es de los cotizantes que en muchos casos han sido afiliados engañosamente a las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones. Para colmo, los banqueros invierten el dinero de los aportes de seguridad social en proyectos que, en algunos casos, se han visto involucrados en escándalos por negligencia o corrupción. En Chirajara hubo muertos, trabajadores que fallecieron tras el colapso de la obra. Por otro lado, el Grupo AVAL, dueño de Porvenir, se vio salpicado por el escándalo de Odebrecht”.
Pero, para María del Rosario Vázquez, también “las AFP le prestan al gobierno a interés comprando bonos del tesoro con la plata de los cotizantes. Y luego, los colombianos –incluidos los mismos afiliados engañosamente– pagan esos préstamos con sus impuestos. A eso, súmele que Colpensiones, tras ser desangrada con estas afiliaciones masivas al régimen privado de pensiones, por supuesto, requiere de más dineros públicos que también pagamos con impuestos, para financiar las mesadas de sus pensionados. Como quien dice, las víctimas de las AFP, somos todos”.
Paraíso de puertas abiertas
Las inversiones que permitía el Decreto 1385 de 2015 se limitaban a los fondos de capital privado que destinaran dos tercios de los recursos a proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP). El superintendente delegado Luis Felipe Jiménez le dijo a Cuestión Pública que el Decreto 1385 se ceñía a las 4G y que el nuevo Decreto 1393 del 26 de octubre de 2020, de Iván Duque, permitió que las AFP invirtieran en otros proyectos de infraestructura que no fueran 4G, por ejemplo, el Metro de Bogotá.
El 6 de agosto de 2018, un día antes de dejar el palacio presidencial, Juan Manuel Santos expidió el Decreto 1486 que abrió a las AFP la posibilidad de invertir en las empresas de su propio conglomerado financiero en cualquier tipo de producto (acciones, fondo de capital privado, bonos, etc). Sin embargo, el decreto restringe estas inversiones a un 8% del valor de los fondos que controla la AFP y además obliga a que su Junta Directiva asegure que entre quienes tomen la decisión de dónde invertir, haya miembros independientes de la AFP.
Según explica Jiménez, de la Superfinanciera, el 40% de los miembros de los comités de inversiones y riesgo de las AFP deben tener la calidad de independientes de la administradora, es decir, no pueden tener ningún vínculo laboral con empresas del conglomerado financiero. Además, estos miembros deben estar presentes y votar en todas las decisiones de inversión que se tomen. Pero ¿quién escoge a los miembros independientes? Jiménez confirmó que lo hacen las mismas AFP.
Con corte hasta el 28 de febrero de 2021, Porvenir S.A. realizó inversiones por más de $3.2 billones en entidades de su propio conglomerado:
• Bancos del Grupo AVAL: $1.5 billones
• Corficolombiana: $1 billón
• Grupo AVAL Acciones y Valores: $614 mil millones
En el mismo período, Protección S.A., del GEA, registró inversiones por $8.3 billones, en empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (que integra los grupos económicos Nutresa, Argos y Sura):
• Inversiones Suramericana: $1.5 billones
• Cementos Argos: $921 mil millones
• Grupo Argos: $1 billón
• Bancolombia: $3.6 billones
• Nutresa: $537 mil millones
• Celsia SA ESP: $485 mil millones
• Odinsa SA: $19 mil millones
• Epsa: $148 mil millones
Cuestión Pública encontró que Porvenir S.A., del Grupo AVAL, tenía inversiones en empresas de su propio conglomerado por $733 mil millones con corte al 31 de mayo de 2015, cuando esta práctica estaba prohibida por el Decreto 2955 de 2010.
Sobre este hecho, el delegado de la Superfinanciera respondió que Porvenir tenía un plan de ajuste porque había comprado a la AFP Horizonte (2013), que tenía inversiones en el Grupo AVAL. Ellos iban vendiendo paulatinamente las acciones que traía Horizonte, pero no podían comprar nuevas participaciones en las empresas del Grupo AVAL.
Sin embargo, al ver el portafolio de inversiones de Porvenir S.A. a noviembre de 2013, un mes antes de que se hiciera efectiva la fusión con AFP Horizonte, encontramos que Porvenir ya tenía inversiones en empresas del Grupo AVAL como Corficolombiana, Banco Popular, Banco de Bogotá, Banco AV Villas y Banco de Occidente por 1.3 billones de pesos. Mientras que Horizonte AFP tenía una inversión de un billón de pesos en empresas del Grupo AVAL.
El 12 de abril de 2021, Cuestión Pública consultó a Porvenir S.A. sobre las inversiones realizadas por la AFP en empresas del Grupo AVAL antes y después de la expedición del Decreto 1385 de 2015. También preguntamos la forma en que Porvenir maneja los potenciales conflictos de interés que surgen al invertir dinero de los fondos de pensiones en empresas de su mismo grupo económico. A la fecha no hemos obtenido respuesta. Estas fueron las preguntas que les hicimos.
Noche en el paraíso
Según informó Transparencia por Colombia, en la campaña a la presidencia 2018, Bancolombia (GEA) y Banco de Bogotá (Grupo AVAL) fueron “una de las principales fuentes de recursos para las campañas políticas, a través de la figura de créditos con pignoración (es decir que se hace el pago a través de los recursos de reposición de gastos por votos)”.
En sus reportes ante el Consejo Nacional Electoral, la campaña Duque Presidente declaró ingresos por $33.277 millones. El Banco de Bogotá (Grupo AVAL) contribuyó a ellos en un 46% mediante un crédito. Así mismo, el empresario antioqueño Rafael Martínez Villegas, que es miembro principal independiente de la Junta Directiva de Bancolombia S.A. (del GEA), aportó a la campaña de 2018 del presidente Iván Duque Márquez $28 millones.
En 2016 el economista José Roberto Acosta demandó el Decreto 1385 ante el Consejo de Estado, por violación de la normativa. En noviembre de 2020 esta demanda surtió su audiencia inicial y en enero de 2021 fue enviada al despacho para el fallo. Acosta en su columna en 2019 afirmó haberle expuesto el tema a Iván Duque cuando era senador y este le había manifestado su apoyo para tumbar el Decreto 1385 de Santos, el que abrió la puerta.
Pero siendo presidente, según Acosta en su columna, Duque desplegó a través del Ministerio de Hacienda, entonces en cabeza de Carrasquilla, con el apoyo de Asofondos (Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías) una estrategia jurídica para que la demanda de nulidad contra el Decreto 1385 no prosperara.
María del Rosario Vázquez, víctima de las AFP, también cuestiona el rol de la Superfinanciera para regular las actualizaciones de las administradoras de fondos de pensión. Vázquez señala que no cree que este ente ejerza un control real y eficaz sobre las AFP: “Desde mi punto de vista, ellos [en la Superfinanciera] han tenido una actitud condescendiente frente a las irregularidades que cometen las AFP (…) el punto es que, por esta negligencia y complicidad estatal, la banca está haciendo lo que quiere con los derechos pensionales de los colombianos”.
—Comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa—
Génesis 3:17-24
Las AFP: “Los afiliados son dueños de su ahorro”.
El ahorro fue invertido en Interbolsa, Pacific Rubiales, la Ruta del Sol, la Triple A, Konfigura y más…
Parte del ahorro de los colombianos en el sistema privado de pensiones se ha invertido en las principales empresas de Colombia mediante la adquisición de bonos o acciones emitidas por estas compañías. Algunos de estos ahorros fueron a parar a proyectos y empresas cuestionadas como Pacific Rubiales, Interbolsa, la Triple A, Konfigura, Coviandes (Chirajara); a otras empresas ligadas a proyectos involucrados en escándalos de corrupción relacionados con los Nule y la Ruta del Sol II; e incluso a empresas con vínculos políticos como Serfinanza, del clan Char.
Conoce los casos de las empresas haciendo clic en los nombres de cada una:
Corficolombiana
Es una empresa que en 2020 reportó 9.4 billones de pesos en patrimonio y utilidades por $1.7 billones. Es el músculo financiero para proyectos de inversión en infraestructura, servicios financieros, agroindustria, hoteles, energía y gas del Grupo AVAL, matriz de los negocios del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia y 200 del mundo, según la revista Forbes, que le calcula un capital de 11 mil millones de dólares. El 7.5% de los accionistas de Corficolombiana son los fondos de pensiones.
Corficolombiana constituyó una filial, Episol, que se asoció con el constructor brasileño Marcelo Odebrecht y sus empresas, a través de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. que obtuvo el contrato para la construcción de la Ruta del Sol II. Contrato obtenido en parte por el brasileño Marcelo Odebrecht mediante los sobornos de sus “operaciones estructuradas” por la que fue condenado en su país.
En diciembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso a Corficolombiana una multa de 55 mil millones de pesos y a Episol otra de 33 mil millones, por violar el régimen de libre competencia en la adjudicación y ejecución del contrato.
En la misma investigación, en 2018, la SIC formuló cargos a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (hijo de Sarmiento Angulo) por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado el comportamiento restrictivo de la libre competencia económica. La SIC archivó la investigación en favor de Sarmiento el 28 de diciembre de 2020.
Entre 2005 y 2021 todas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) compraron y vendieron participaciones en las fiducias y negocios de Corficolombiana. Al 31 de diciembre de 2020, la inversión de las AFP en Corficolombiana sumaba 2.5 billones de pesos, de los cuales el 41% era de Porvenir S.A., la AFP del Grupo AVAL, matriz de Corficolombiana.
En diciembre de 2009, cuando fue adjudicada la construcción de la Ruta del Sol II, Porvenir S.A. tenía inversiones por $405 mil millones en Corficolombiana. En mayo de 2011, cuando empezó la construcción de la vía, la inversión de Porvenir S.A. en Corficolombiana era de $447 mil millones. En enero de 2017, año en que la Agencia Nacional de Infraestructura pidió declarar la nulidad del contrato de la Ruta del Sol II, Porvenir tenía inversiones por $731 mil millones en productos de Corficolombiana.
El punto de quiebre del escándalo de Odebrecht fue a finales de 2018, cuando el 8 de noviembre murió el ‘controller’ Jorge Enrique Pizano, quien advirtió de los pagos irregulares en la Concesionaria Ruta del Sol II. También, cuando la SIC formuló cargos a los directivos de la mencionada concesionaria, incluidos los de Corficolombiana, el 13 de septiembre.
Sin embargo, las AFP no han dejado de invertir el ahorro de sus cotizantes en productos del portafolio de Corficolombiana.
Incluso el 31 de enero de 2021 se registró una cifra récord de casi 2.8 billones de pesos en inversión por parte de las AFP en productos de Corficolombiana. Ese mes, el exprocurador Fernando Carrillo, exempleado del Grupo Empresarial Sarmiento Angulo, en su último acto antes de dejar su cargo en la Procuraduría, absolvió a Alberto Mariño Samper, el hombre de confianza de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en el caso de modificación al acta 50 de la Concesionaria Ruta del Sol II, que reveló Cuestión Pública y Univisión Investiga en 2019. Dicha acta permitió legalizar de manera posterior un contrato ficticio que sirvió para realizar pagos irregulares, al parecer sobornos, según la Fiscalía.
Mariño Samper fue gerente de la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes) y a su vez representante de Episol (Corficolombiana-Grupo AVAL) en la junta directiva de la Concesionaria Ruta del Sol II.
Cuestión Pública encontró que Porvenir S.A., del Grupo AVAL, tenía inversiones en Corficolombiana por $733 mil millones al 31 de mayo de 2015, cuando las inversiones de las AFP en empresas de los mismos grupos económicos estaban prohibidas por el decreto 2955 de 2010.
Parte de estas inversiones venían de la compra y posterior fusión que había hecho Porvenir S.A. con AFP Horizonte en 2013, que tenía participaciones en el Grupo AVAL en ese momento. Sin embargo, al ver el portafolio de inversiones de Porvenir S.A. a noviembre de 2013, un mes antes de que se hiciera efectiva la fusión con AFP Horizonte, encontramos que Porvenir S.A. ya tenía inversiones en Corficolombiana por $666 mil millones. En ese momento, las inversiones de AFP Horizonte en Corficolombiana era de 218 mil millones de pesos.
Pacific Rubiales
Fue una petrolera constituida en Canadá por ex directivos de la estatal venezolana PDVSA, luego de su toma por parte del gobierno de Hugo Chávez. En 2008 asumió la explotación del campo Rubiales en Puerto Gaitán, Meta, que, con 300 mil barriles de petróleo diarios, llegó a constituirse en “uno de los motores de la locomotora minero-energética colombiana”.
La inversión de fondos de pensiones en la petrolera fue uno de los primeros debates públicos y congresionales sobre la falta de diligencia debida en la selección de las inversiones.
Desde 2012, el analista de mercados José Roberto Acosta y luego el senador Jorge Robledo expusieron que en Rubiales había cerca de mil millones de dólares de los fondos privados de pensiones de Colombia.
Los fondos reconocieron tener inversiones en Pacific Rubiales y reclamaron el lugar que le correspondía a su aporte de capital social en la junta directiva de la empresa. Ante la negativa de Pacific Rubiales de incluirlos, las AFP retiraron los fondos antes de que el precio del petróleo evidenciara malos manejos gerenciales e irregularidades en contratación y la llevara al desplome del valor de sus acciones en 2016.
Para abril de 2013, fecha en la que ya se habían hecho públicas algunas irregularidades de Pacific Rubiales, la Red de Justicia Tributaria, con información reportada a la Superintendencia Financiera, calculó que los fondos privados de pensiones y cesantías sumaban en su conjunto el 14% de acciones de Pacific Rubiales.
Con corte al 28 de febrero de 2013, las inversiones de las AFP tenían un valor de $1.9 billones y cinco de ellas participaban en él: Skandia S.A., Protección S.A., Colfondos S.A., Porvenir S.A. y AFP Horizonte. En esa fecha Protección S.A. tenía el 39% del valor de las inversiones de las AFP en Pacific Rubiales, según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.
Cuestión Pública encontró que para el 28 de febrero de 2015, días antes de la audiencia pública en el Congreso sobre Campo Rubiales, todas las AFP habían retirado sus inversiones en Pacific Rubiales.
Concesión Autopista Bogotá-Girardot
El “Carrusel de la Contratación” que los hermanos Miguel y Manuel y su primo Guido Nule crearon era un sistema de tráfico de influencias y pago de sobornos para obtener contratos públicos de infraestructura. En su mayor contrato, la construcción de la Autopista Bogotá-Girardot, requirieron financiación adicional. Luego de asociarse con el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char (de quien se rumoreó que sería precandidato a las presidenciales de 2022), accedieron a fondos pensionales, de cuatro AFP.
En 2006, comenzando el negocio, la Dirección Nacional de Estupefacientes realizó un préstamo por más de $25.980 millones a la Concesión Autopista Bogotá-Girardot. Más allá de su origen, los fondos de la DNE, que provenían de dineros que las autoridades le habían incautado y extinguido a la mafia, eran dineros públicos, de manera que el Gobierno prestaba el dinero de la financiación para que los Nule pudieran contratar con el Estado, como lo denunció El Tiempo.
Los Nule pagaron sobornos para conseguir los contratos del carrusel de la contratación y fueron condenados a 19 años de prisión. En 2018, un Tribunal Arbitral ordenó a la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. el pago de cerca de 200 mil millones de pesos por perjuicios a la Nación, intereses de mora y desequilibrio económico.
Cuatro AFP invirtieron en la Concesión Autopista Bogotá-Girardot entre 2008 y 2015: Porvenir S.A., AFP Horizonte, Protección S.A. y, por último, ING Pensiones y Cesantías.
Al 31 de diciembre de 2012, mes en el que se declaró la nulidad del contrato de la Autopista Bogotá-Girardot, tras darse a conocer el escándalo de los sobornos del Grupo Nule, las AFP tuvieron participaciones por $48.288 millones en la Concesión Autopista Bogotá-Girardot, de los cuales Protección S.A, del Grupo Empresarial Antioqueño, tenía el 68%, según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.
Esta autopista tardó 10 años en estar habilitada.
El 31 de enero de 2014, mes en que embargaron al Grupo Nule por el contrato de la Autopista Bogotá-Girardot, Porvenir S.A.(del Grupo AVAL) tuvo una inversión de $5,9 mil millones en la concesión.
Fondo de Capital Privado Ruta del Sol
El Fondo de Capital Privado Ruta del Sol es socio de Yuma Concesionaria, sociedad que desarrolla la Ruta del Sol tramo 3, concesión adjudicada mediante el contrato 007 de 2010. El Fondo de Capital Privado Ruta del Sol es administrado por la Alianza Fiduciaria S.A., controlada en un 50% por el Grupo DeLima.
En enero de 2018, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputaría cargos a Roberto Prieto Uribe, el exgerente de campaña de Juan Manuel Santos e involucrado en el caso Odebrecht, por irregularidades en la adjudicación de una adición al contrato de Yuma Concesionaria.
Prieto fue condenado en 2019 por tráfico de influencias, interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento privado, en relación con la suscripción y ejecución del contrato de la Ruta del Sol III y otros hechos. De acuerdo con la nueva imputación de la Fiscalía, Prieto habría influido en la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por la adición al contrato de Yuma Concesionaria y por ello habría recibido $650 millones.
Con un 31% de la obra construida, en junio de 2017, el proyecto fue suspendido por incumplimientos del concesionario. Los contratistas de la concesionaria habían cesado sus labores por falta de pagos, que ascendían a los 200 mil millones de pesos. En febrero de 2020, el proyecto fue reactivado.
La administradora de fondos de pensión Protección S.A., del GEA, invirtió en el Fondo de Capital Privado Ruta del Sol entre 2010 y 2021, según la información entregada a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.
El 30 de junio de 2017, mes en que la ANI ordenó iniciar el proceso de caducidad del contrato, Protección S.A. tenía invertidos $24.129 millones. Seis meses después, con corte al 31 de enero de 2018 (mes en el que la Fiscalía imputó cargos a Roberto Prieto), la participación de Protección S.A. valía $62 pesos y se registraban inversiones vencidas y no cobradas.
Al 31 de diciembre de 2020, las inversiones de Protección S.A. en el Fondo de Capital Privado (FCP) Ruta del Sol valían $68.407.177. Sin embargo, a finales de febrero de 2021, las participaciones en el FCP Ruta del Sol, adquiridas por Protección S.A. entre 2011 y 2020, alcanzaron un valor máximo histórico de $73.774 millones.
Interbolsa
Fue una de las principales comisionistas de bolsa en Colombia (llegó a manejar cerca de la tercera parte de las operaciones bursátiles del país) hasta 2012, cuando la Superintendencia Financiera ordenó su liquidación, tras caer en quiebra por malas prácticas financieras. La firma comisionista protagonizó el mayor descalabro del mercado bursátil de este siglo en Colombia.
Entre las prácticas aludidas estuvo su participación en una compra masiva de acciones de la textilera Fabricato para venta y recompra en días posteriores (repos). La maniobra, entre 2011 y 2012, creó una valorización presuntamente artificial de la empresa en el mercado con el fin de lograr liquidez. Fabricato hacía parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y en 2009, cuando Interbolsa empezó a adquirir las acciones de Fabricato, el GEA todavía era accionista de esta última a través del Grupo Argos y de Suramericana. En ese momento, miembros del GEA se reunieron con los nuevos inversionistas de Interbolsa para pedir explicaciones sobre los movimientos de compra y venta de acciones, según relata Gloria Castaño en su libro Interbolsa. Al no ver aclaradas ciertas dudas, el conglomerado decidió salir de su participación y a diciembre de 2010 ya no eran accionistas.
Meses después, Protección S.A., del GEA, invirtió dinero de los fondos de pensiones en Fabricato, participaciones que al 31 de agosto de 2011 valían $548 millones de pesos, según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.
Al año siguiente, en 2012, tras un desplome en el precio de la acción de Fabricato, Interbolsa se tuvo que declarar ilíquida y posteriormente fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades en enero de 2013 y liquidada en abril de 2016. Las víctimas (492 personas) del hecho reclamaron $254 mil millones.
A parte de Protección S.A., con los ahorros pensionales de los cotizantes, otras tres AFP también realizaron inversiones en Interbolsa entre 2006 y 2013: Porvenir S.A., AFP Horizonte (en fondos de capital privado) e ING Pensiones y Cesantías.
Al 30 de junio de 2012, las inversiones de las AFP en productos de Interbolsa valían $397 mil millones, de los cuales ING Pensiones y Cesantías tenía el 55% y AFP Horizonte cerca del 45%, pero en fondos de capital privado.
ING Pensiones (fusionada en 2014 con Porvenir S.A.) era uno de los principales accionistas de Interbolsa, con un 7% de participación, en noviembre de 2012, de acuerdo con Caracol Radio con cifras del Grupo Interbolsa.En octubre de 2013, la Contraloría General de la República estableció un detrimento patrimonial de $55 mil millones contra ING Pensiones y Cesantías por los recursos invertidos en Interbolsa, cuyo valor por acción fue de cero tras la liquidación de la empresa.
Concesionaria Vial de los Andes S.A.S – Coviandes S.A.S.
Es otra filial del Grupo AVAL, matriz de los negocios del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia y 200 del mundo, según la revista Forbes, que le calcula un capital de 11 mil millones de dólares.
Desde 1994 y hasta 2019 construyó y operó la vía Bogotá – Villavicencio, incluido el puente de Chirajara, cuya construcción empezó en 2010 y colapsó en enero de 2018, matando al menos a diez obreros. La obra lleva 26 años en desarrollo y aún no finaliza. Coviandes sigue a cargo de la construcción del nuevo puente de Chirajara.
El siniestro, según el examen técnico arbitral de 2020, tuvo lugar por un error en el diseño y por deficiencias en la construcción.
Dos fondos de pensiones invirtieron los aportes pensionales en Coviandes entre el 2007 y el 2014: ING Pensiones y Cesantías y Protección S.A., según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.
En septiembre del 2010 las inversiones de estos dos fondos pensiones en Coviandes alcanzaban los $18 mil millones de pesos en valor.
Desde julio de 2014 ninguna AFP tiene participaciones en Coviandes.
Konfigura Capital
Es una empresa creada en marzo de 2008 por el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al dejar su primer gabinete, con quien fuera su director de Regulación Financiera, Andrés Flórez, con la intención de asesorar la financiación de obras de acueducto para los municipios pignorando sus regalías futuras, conocidos como Bonos de Agua.
Carrasquilla promovió el negocio privado después de haber sido ministro de Hacienda, en 2007, según los detalles que reveló una columna de Daniel Coronell.
Los municipios asesorados por Konfigura pagaron tasas de interés por encima de los precios del mercado, comprometieron vigencias futuras y pusieron en riesgo miles de millones de los presupuestos de saneamiento.
Tras el fin de los bonos de agua, que endeudó a 117 municipios por $441 mil millones, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) tuvo que entrar a rescatar de las deudas adquiridas a muchos de los municipios, según los detalles del negocio revelado por el senador Jorge Enrique Robledo, en debate de control político en septiembre de 2018.
Konfigura Capital, siendo representada por Carrasquilla, también suscribió contratos en 2009 con Odebrecht e Invías, como reveló Cuestión Pública en 2018.
Uno de los contratos tuvo por objeto la entrega formal de un borrador del Conpes Ferrocarril del Carare a Invías. El proceso llamó la atención de la revisora fiscal PricewaterhouseCoopers, en especial porque la firma brasilera no entregó información sobre el proceso contractual a la auditoría.
Cuatro fondos de pensiones (AFP Horizonte, Colfondos S.A., Porvenir S.A. y Protección S.A.) realizaron movimientos bursátiles en Konfigura Capital con los ahorros de sus cotizantes, entre 2010 y 2014, según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.
Al 28 de febrero de 2014, mes en el que Findeter entró a rescatar a los municipios endeudados con los bonos de agua, las inversiones de tres de esas AFP en Konfigura Capital sumaban $6.747 millones, de los cuales Porvenir S.A.(del Grupo AVAL) tenía invertido el 73% del total, es decir $4.911 millones.
Triple A
Es la empresa de servicios públicos que gestiona el acueducto de Barranquilla desde 1992. A la fecha opera en otros 14 municipios del departamento del Atlántico. En 2018 las acciones de Inassa en la empresa fueron embargadas por la Fiscalía y pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales con motivo del desangre de capital por cuenta de un “contrato ficticio” de asesoría con su mayor accionista, la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A., Inassa, filial de la empresa Canal Isabel II de Madrid, España, según documentó la Fiscalía General de la Nación en 2018, en el anuncio de la imputación a los directivos.
El presidente de Inassa y también expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González, está siendo procesado en España, con otros 22 políticos y empresarios del Partido Popular de ese país, por una presunta red de corrupción establecida por Inassa para tomar control de empresas de servicios públicos en América Latina.
El proceso judicial es conocido en ese país como el Caso Lezo, en honor al almirante español Blas de Lezo, quien defendió la propiedad real de Cartagena de Indias durante el asedio británico de 1741. El caso se inició con la publicación de un video de espionaje en el que se ve a Ignacio González en Cartagena, en 2008, con una bolsa que contenía un presunto soborno, de acuerdo con El Confidencial de España. En su viaje a Colombia, González presuntamente también visitó el Palacio de Nariño y se reunió con el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal Isabel II y quien acompañó a González a Colombia, informó Connectas. El medio también señala que Alejandro Char negó haberse reunido con ellos.
Entre 2006 y 2013 cinco AFP realizaron movimientos bursátiles en la Triple A con los ahorros pensionales de sus cotizantes: AFP Horizonte, Colfondos S.A., ING Pensiones y Cesantías, Porvenir S.A. y Protección S.A., según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación la apropiación de dineros por $27 mil millones de la Triple A se llevó a cabo entre 2012 y 2015 por parte de la firma Inassa SA y Recaudos y Tributos SA.
Al 30 de abril de 2013, las AFP tenían participaciones en la Triple A por $2.414 millones, de los cuales el 59% fueron inversiones realizadas por Protección S.A., del GEA.
Banco Serfinanza
Es un establecimiento de crédito propiedad de una de las familias más poderosas del norte del país por sus negocios, su influencia política y por ser dueños del equipo de fútbol Junior F.C.
El patriarca de esta familia es Fuad Char, excongresista y padre de Alejandro Char, varias veces alcalde de Barranquilla, y de Arturo Char, presidente del Senado.
El banco, inicialmente llamado Compañía de Servicios Financieros de Santander S.A, fue comprado por los Char al Grupo Santodomingo. Los Char están en el top 10 de empresarios y familias con más patrimonio en el país según Forbes.
Serfinanza hace parte del grupo empresarial Olímpica, cuya matriz es Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., que controla el 84.6% de las acciones de Serfinanza y cuyos activos totales en 2020 ascendieron a $6,7 billones. De acuerdo con el balance financiero de Serfinanza de 2019, esta maneja más de 775 mil tarjetas de crédito Olímpica.
En 2015, siendo senador, Arturo Char fue ponente y votó el proyecto de ley del Plan de Desarrollo, que una vez aprobado, le dio acceso y consulta de los datos biométricos de todos los colombianos/nas al Banco Serfinanza (entonces Servicios Financieros – Serfinansa Compañía de Financiamiento). Al momento de la votación, el senador no hizo pública su relación con el banco, como lo dio a conocer Cuestión Pública en 2020.
El Banco Serfinanza también financió por lo menos las campañas políticas de tres senadores de la República electos en 2018 (Luis Eduardo Díaz Granados, Laureano Acuña y Andrés García Zuccardi) como lo reveló Cuestión Pública y ha tenido negocios inmobiliarios con otro senador (Juan Samy Merheg). Los legisladores eligieron a Arturo Char presidente del Senado en 2020.
Los fondos privados de pensiones empezaron a invertir en las empresas del grupo Char desde el 2006, mediante bonos de Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., según los datos entregados a Cuestión Pública por la Superintendencia Financiera mediante un recurso de insistencia. Y lo hicieron hasta mediados de 2012 cuando entra en el panorama de inversiones el banco del clan político-empresarial Char, Serfinanza (2013).
Cuatro fondos de pensiones invirtieron en acciones de Serfinanza entre 2013 y 2021: Colfondos S.A., Protección S.A., Skandia S.A. y Porvenir S.A. Un mes después de las elecciones a Congreso en las que Arturo Char renovó su curul en el Senado, el valor de las participaciones en Serfinanza de los fondos privados de pensiones se duplicó y pasó de $37.5 millones en marzo 2018 a $77 millones en abril 2018.
Al 31 de diciembre de 2020, las inversiones de las últimas tres AFP en Serfinanza sumaban $88.715 millones, de los cuales el 45% fueron de Protección S.A. y el 37% de Skandia.