¿Dónde se ha invertido el dinero de las pensiones exactamente? ¿Es posible saber a quiénes han financiado los trabajadores por años? A dónde va mi pensión, una investigación regional ejecutada por periodistas, especialistas en fondos de inversión, programadores, entre otros, arrancó con esas dos preguntas fundamentales y hoy ofrece una herramienta para que cualquier ciudadano fiscalice la ruta de su dinero.
Sin saberlo, los fondos de pensiones de trabajadores de Chile, Colombia, Perú y Costa Rica terminan en inversiones que violan derechos humanos. ¿La responsable? La administradora de fondos más grande a nivel global, cuyo poder avanza rápidamente entre las pensiones latinoamericanas.
Uruguay es el país de la región que menos información publica respecto a las inversiones que realizan las AFAP. No hay acuerdo sobre la razón de la falta de transparencia.
Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua, la Triple A, Interbolsa, Pacific Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo AVAL y el GEA, que en febrero 2021 tenían autoinversiones por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos económicos. Una práctica prohibida, pero posteriormente desregularizada en los Gobiernos Santos y Duque.
A cinco años del cambio, menos de la mitad de las cuentas de Afore tiene un expediente electrónico. Esto facilita los traspasos indebidos y podría ser un factor para la suplantación de identidad de los usuarios. Consar y Condusef tienen denuncias, pero no avanzan.
El seguro de discapacidad y sobrevivencia que pagan todos los afiliados a las AFP ha sido un punto reiterativo de conflicto de interés. Actualmente, al menos cinco de las siete AFP contratan a aseguradoras vinculadas. Una situación que en algunos casos lleva más de 10 años. A esto se suman las trabas que enfrentan las personas con discapacidad y los sobrevivientes de los afiliados para obtener una pensión de parte de su aseguradora.
Colusión de precios, contaminación de ríos y océanos, financiamiento ilegal de partidos políticos, muerte masiva de animales y familias expuestas a constantes intoxicaciones. Todo provocado por empresas con un factor clave en común: una inversión multimillonaria que llega desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las sociedades privadas con fines de lucro que deciden cómo se invierte el dinero que ahorran los trabajadores para sus futuras jubilaciones.
Los ahorros de los trabajadores salvadoreños se han utilizado por años en inversiones que no dejan ni por cerca ganancias suficientes para tener una vejez digna. Esto se debe a las tasas bajas que ha pagado el Estado con los Certificados de Inversión Previsional, que siguen concentrando el 58 % de los fondos, pero también al tamaño del mercado de valores y a las limitaciones legales para hacer mejores inversiones en el extranjero. Las AFP no se ven afectadas pues sus retornos son los más altos entre las administradoras privadas de pensiones de la región.
Las Operadoras de Pensiones Complementarias administran parte del dinero que las personas trabajadoras ahorran para su futura jubilación. Pero, ¿sabe usted cómo invierten esos fondos? El mercado y la legislación no les dan muchas opciones y el ganador es un Gobierno que urge de financiamiento.
Un informe de la Caja de Seguridad Social (CSS) revela que los fondos de jubilación se agotarían en cinco años. Panamá desde el 2005 dividió el sistema de pensiones en dos subsistemas: definido (o de reparto), que siempre ha existido, y el mixto (que incorpora cuentas individuales). El hueco financiero lo tendrá el primero. En los informes financieros de la CSS no hay claridad sobre los réditos totales que ingresan a cada uno de los dos subsistemas.
En los últimos cinco años, las AFP gastaron más de S/1.500 millones en comisiones que destinaron a fondos de inversión en el extranjero. El dinero salió de los ahorros de jubilación de sus afiliados, pero sin que estos fueran informados. Chile ya ha empezado a regular el asunto, mientras que en Perú es -hasta hoy- un tema desconocido.
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